En tiempos de escasez resulta especialmente relevante alcanzar los objetivos de una gobernanza avanzada del agua que impulse, entre otras cuestiones, la transición hídrica justa. Para ello, las administraciones públicas y las partes implicadas deben poder articular de manera coherente sus intereses, preocupaciones y necesidades de cara a la toma de decisiones en materia de seguridad hídrica, adaptación al cambio climático y protección de los ecosistemas y la biodiversidad.

En este sentido es tiempo de revisar y debatir en qué medida hemos avanzado en transparencia, en la inclusión de diversas perspectivas en las decisiones sobre el agua o en la creación de espacios participativos de calidad que permitan consolidar el papel de los colectivos sociales en los procesos de cambio en torno a la gestión del agua. Sin duda, la consecución de una adecuada gobernanza del agua precisa de una mejor coordinación de las políticas sectoriales, un mayor compromiso y responsabilidad institucional en torno al ciclo del agua y su gestión y superiores esfuerzos en la creación y/o consolidación de fórmulas de participación que involucren al mayor número posible de usuarios y agentes sociales.

En el marco de esta área temática se debatirá sobre los aciertos y las carencias de los elementos funcionales y estructurales del modelo de gobernanza actual y las propuestas de futuro con perspectiva de cambio. Para ello, se reflexionará acerca de la legitimidad de las decisiones adoptadas ¾en función del grado de transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de los procesos políticos y sobre los consensos sociales generados en torno a los mismos. Todo ello, tras el análisis del respeto a la representatividad existente en torno a los procesos de toma de decisiones.

Los movimientos sociales siguen jugando un papel fundamental de altavoz para las voces más invisibles, incluyendo entre estas voces a los propios ecosistemas acuáticos. Los conflictos hídricos están cobrando especial relevancia en un contexto de cambio climático y en ocasiones están sirviendo para articular intereses transversales. En este marco siguen abiertos debates de larga trayectoria, como los relativos a la racionalidad de distintos embalses, trasvases y otras obras hidráulicas o la contaminación de las fuentes de agua por la proliferación de nuevas actividades económicas sin planificación previa ni respaldo social. A ellos se añaden nuevos debates, como el debate en torno a la garantía de los derechos humanos al agua y al saneamiento evitando la pobreza hídrica, o los conflictos relacionados con la necesaria reordenación del territorio para adaptarnos a los impactos del cambio climático y al aumento de los riesgos hídricos. Se trata de conflictos que están también atravesados por los debates sobre gobernanza, como el reparto de competencias, los modelos de participación social, el marco normativo o el papel de las instituciones implicadas en la planificación y gestión del agua.