Murcia, 30 de enero de 2023

Un conjunto de investigadoras e investigadores, que a pie de texto firmamos y que tuvimos la oportunidad de reunirnos en el contexto del desarrollo del XII Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, realizado en Murcia estos últimos días, hemos reflexionado respecto a temas fundamentales sobre el modelo de desarrollo vigente. Constatamos que es fundamental cambiar el modelo de planificación minera, de gestión y protección de las aguas. Es imperativo perseguir aquellas opciones que causen menos deterioro ecológico y conserven las reservas de las sustancias que se revelan más escasas y estratégicas con vistas al futuro.

Ya no es aceptable la aplicación solo de criterios económicos o sociales, sino que debemos centrarnos en los ecológicos. Si no lo hacemos, no será posible revertir los efectos globales de deterioro ambiental y sus impactos sobre los ecosistemas y las poblaciones humanas. Estamos obligados a aplicar realismo, pues si perseveramos en la negación, seremos responsables del deterioro en las condiciones generales que hacen posible la vida.

Ante el proyecto que anuncia el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de elaborar una nueva Ley de Minas, hemos consensuado un pronunciamiento que dirigimos a la ciudadanía y a las administraciones competentes, con los siguientes principios que debería incorporar la futura Ley de Minas. Nos parece una cuestión relevante si se tiene en cuenta la capacidad de degradación del medio que ocasionan las actividades minero metalúrgicas.

La minería consume en torno al 10% de la energía mundial, es responsable del 13 % de emisiones de SO2 y sus actividades amenazan el 30% de los bosques primarios del planeta. Los residuos de las actividades minero metalúrgicas aumentan en ríos, lagos, mares y océanos y se incorporan a las cadenas tróficas con graves afecciones a la salud de los ecosistemas, incluidos los seres humanos. La minería española ha consumido en 2020 3,6 millones de KWh de electricidad, 182 millones de litros de gasóleo y utilizado 12 millones de metros cúbicos de agua (según la Estadística Minera de España, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

Los conflictos sociales relacionados con la contaminación son consustanciales a la gran minería. La reactivación minera que se vive en Europa y más concretamente en la Península Ibérica en las dos últimas décadas, se está viendo acompañada de fuertes tensiones sociales en muchas cuencas. Los efectos para la salud y los ecosistemas surgen desde el inicio de la propia explotación, se extienden durante toda la cadena productiva y se multiplican e intensifican durante los procesos de globalización como el actual, persistiendo e, incluso, incrementándose en las fases de abandono.

Las actividades para la extracción y tratamiento de nuevos minerales añaden a los procesos mineros tradicionales mayores incertidumbres para atender y prevenir daños sobre los que se sabe muy poco, precisamente por ser minerales novedosos en cuanto a su extracción y, sobre todo, porque en muchos casos requieren tecnologías mineras que se han experimentado poco.

Por todo ello, la futura Ley deberá romper con la máxima de que “más extracción es mejor”, incorporando, con rigor y perspectiva integral, las cuestiones de sostenibilidad, y específicamente de sostenibilidad minera, con especial atención a las dimensiones ecológicas y sociales, además de los aspectos económico-financieros, tal y como la propia Agencia Europea de Medio Ambiente defiende en diversos informes. La atención y las medidas para evitar y, en su caso, paliar los daños al Medio Ambiente se deben implementar para todo el ciclo de vida de la actividad y de los materiales, prestando especial atención a la conservación de las reservas de aquellos que se estimen más escasos y estratégicos.

Las fianzas que se establezcan en las autorizaciones ambientales y en los planes anuales de labores deberán cubrir todas las contingencias que se puedan producir. No solamente las indicadas por quienes promueven la autorización sino y, sobre todo, atendiendo a la diligencia debida de quienes tienen la responsabilidad de autorizar y vigilar la puesta en marcha y desarrollo de las actividades mineras, a lo largo de todo el ciclo de vida de estas..

Se debe atender a la consideración de esos minerales y materiales a extraer y tratar en los procesos minero-metalúrgicos, más que como materias primas, como bienes primarios que forman parte del patrimonio geológico y del patrimonio histórico-cultural de las poblaciones afectadas, del conjunto de la sociedad, incluyendo el derecho de las generaciones futuras a un uso sostenible de bienes estratégicos para su bienestar.

La nueva Ley, promovida desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, deberá tener en cuenta como necesidad prioritaria la reducción en el uso y la reutilización de los materiales, como materias primas secundarias, antes que su extracción de la corteza terrestre como materias primas primarias.

Estos principios deberán guiar la elaboración de la largamente esperada nueve Ley de Minas española, superando viejos y desfasados paradigmas.

Firman en orden alfabético:

Santiago Álvarez Carreño

Gabriel Arbones Domingo

David Avilés Conesa

Pedro Baños Páez

Rutgerd Boelens

Charo Brinquis Crespo

Adolfo Crespo Valcárcel

Manuel Delgado Cabeza

Anne Robin van Dijken

Pedro Luengo Michel

Marcos Martínez Barainca

Cristian Muñoz Maluenda

José Manuel Naredo Pérez

Juan Ernesto Peña

Juan Diego Pérez Cebada

Félix Talego Vázquez

Maika Zampier